El jurista sostiene que la medida contaba con autorización de fuerza pública y auto judicial, por lo que la suspensión de la diligencia podría constituir una actuación irregular que debe ser investigada por las instancias correspondientes.
Santo Domingo, República Dominicana. El abogado Manuel de Jesús Grisanty Vicioso, actuando en representación de los intereses de la parte perseguiente en un proceso de ejecución civil, denunció públicamente una grave situación que, a su juicio, compromete la seguridad jurídica, la autoridad de las decisiones judiciales y el principio de tutela judicial efectiva en la República Dominicana.
Grisanty Vicioso explicó que, previo a la diligencia de ejecución, fueron obtenidas todas las autorizaciones legales correspondientes, incluyendo la autorización de fuerza pública emitida por el Departamento de Ejecuciones Civiles y Auxilios Judiciales de la Fiscalía del Distrito Nacional, así como el auto judicial que ordenaba el traslado, la apertura de puertas y las actuaciones necesarias para materializar la decisión emitida por el tribunal competente.
No obstante, según denunció el jurista, al momento de ejecutarse la medida, el fiscal actuante habría dispuesto la paralización de la diligencia, adoptando una decisión que, a juicio de la parte afectada, excede las funciones que la ley confiere al Ministerio Público cuando actúa como órgano de auxilio para garantizar el orden público durante una ejecución judicial.
Previo a la emisión de este comunicado, Grisanty Vicioso expresó en su cuenta de X que "la ejecución de las decisiones judiciales no puede quedar sujeta a criterios improvisados en el lugar de la diligencia" y que, cuando existe una orden judicial y una autorización legalmente emitida, "el Estado debe garantizar su cumplimiento, el orden público y la seguridad jurídica".
Asimismo, sostuvo que en el caso representado "se habían obtenido las autorizaciones correspondientes para ejecutar una decisión judicial", pero que la medida fue paralizada por una actuación que entiende irregular y que será sometida a investigación por las vías institucionales.
"El Ministerio Público presta auxilio y resguarda el orden; no sustituye al juez ni revisa la legalidad de una orden judicial emitida por un tribunal competente. Defender la ejecución de lo juzgado es defender el Estado de Derecho", manifestó el abogado.
Grisanty Vicioso advirtió que esta actuación podría sentar un precedente altamente preocupante, en la medida en que permitiría que una decisión judicial válida, acompañada de una autorización formal de fuerza pública, quede sin efecto por una determinación administrativa adoptada en el propio lugar de la diligencia.
Afirmó que la ejecución de las decisiones judiciales no es un asunto accesorio, sino una parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. "Una sentencia o una autorización judicial pierde eficacia si, al momento de ejecutarse, una autoridad distinta al juez puede impedir su cumplimiento sin acudir a los mecanismos procesales establecidos por la ley", sostuvo.
En ese sentido, anunció que serán apoderadas las instancias disciplinarias, administrativas y de control institucional correspondientes, a los fines de que se investiguen los hechos ocurridos, se determine si existió una actuación irregular y se establezcan las responsabilidades que pudieran derivarse conforme al ordenamiento jurídico.
"Apoderaremos las instancias disciplinarias y administrativas correspondientes. Lo haremos con respeto, responsabilidad y confianza en que las instituciones investigarán los hechos y corregirán cualquier desviación del debido proceso", expresó.
Finalmente, el abogado Manuel de Jesús Grisanty Vicioso hizo un llamado a las autoridades competentes a garantizar el respeto al Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el debido proceso y el cumplimiento efectivo de las decisiones emitidas por los tribunales de la República.
