El Gobierno de transición de Venezuela confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un detenido cuya desaparición había sido denunciada reiteradamente por su madre durante meses.
El Ministerio para los Servicios Penitenciarios, detalló el arresto de Quero Navas en la cárcel El Rodeo I, cerca de Caracas, el 3 de enero de 2025, y su fallecimiento el 24 de julio del mismo año en el Hospital Militar Carlos Arvelo a causa de insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. La madre del detenido, Carmen Teresa Navas, había solicitado información sobre el paradero de su hijo ante el silencio de las autoridades.
El lunes anterior a la confirmación oficial, Carmen Navas reiteró su exigencia de conocer si su hijo seguía con vida, durante una rueda de prensa junto a representantes de la ONG dedicada a la defensa de presos políticos.
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó a la agencia EFE que la detención de Víctor Hugo Quero Navas ocurrió tras ser interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en una plaza de Caracas en 2025.
El motivo de la detención estaría vinculado a su pasado institucional, ya que prestó servicio militar en 2023. Esta relación habría desencadenado la apertura de un proceso judicial bajo cargos de traición a la patria, conspiración y terrorismo.
El 18 de abril de 2026, la CIDH adoptó la Resolución 27/2026, otorgando medidas cautelares en favor de Víctor Hugo Quero Navas y su madre, al considerar que ambos se encontraban en situación de gravedad y urgencia por el riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud en Venezuela.
Quero Navas era comerciante y fue detenido el 1 de enero de 2025. Permaneció incomunicado desde entonces, sin que sus familiares o representantes tuvieran información sobre su estado de salud, condiciones de detención, situación jurídica o ubicación oficial.
La madre del detenido, una persona adulta mayor, habría sido objeto de advertencias e intimidaciones por parte de funcionarios estatales, mientras el Estado no proporcionó información a la Comisión sobre las acciones emprendidas para atender o mitigar la situación de riesgo.
El Ministerio para los Servicios Penitenciarios comunicó que el 10 de marzo, tras la viralización del caso en redes sociales y la presión de varias ONG, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) inició una investigación para esclarecer el paradero de Quero Navas.
La madre fue citada por el CICPC dos días después, y el 25 de marzo se recibió un oficio solicitando información sobre la ubicación del detenido, lo que llevó a una revisión de expedientes.
Además, la CIDH consideró que las advertencias e intimidaciones hacia Carmen Tlresa Navas evidenciaron un contexto de riesgo bajo la actual situación del país.
(Con información de EFE)
