Un trabajador de la Empresa Comercializadora Mayorista de Productos Alimenticios (EMPA) en el municipio de Jiguaní, provincia Granma, fue arrestado tras extraer del almacén de la entidad miles de cajetillas de cigarros y tabacos.
Se estima que la afectación económica supera los 10 millones de pesos cubanos (CUP).
El trabajador aprovechó su acceso a los recursos del Estado para sustraer los productos del almacén de la empresa, que opera como intermediaria entre las fábricas estatales de Tabacuba y los puntos de venta al público en todo el país, según reveló una publicación del perfil oficialista de Facebook «Entérate con Aytana Alama».
«Esos productos, que debieron llegar a la red de comercio para el consumo del pueblo a precios establecidos, terminan en mercados informales con precios especulativos», señaló la publicación.
El perfil oficialista que difundió el caso en Granma intentó encuadrar el arresto como una victoria del Estado en defensa de la población.
«Este acto no es solo un número en una hoja de balance; es un golpe directo a la población», escribieron.
Sin embargo, el hecho evidencia una vez más las grietas del sistema de distribución estatal cubano, donde trabajadores con acceso a los almacenes desvían productos básicos hacia el mercado informal, mientras la población enfrenta estantes vacíos.
El autor del robo «ya se encuentra bajo proceso policial», según la publicación, aunque la fuente oficialista no precisó los cargos formales ni la fecha en que se producirá el juicio.
El caso se produce en un contexto de grave escasez de cigarros en Cuba que se arrastra desde al menos principios de 2025, cuando los precios en el mercado negro capitalino oscilaban entre 200 y 1,500 pesos por cajetilla, frente a los 30 pesos del precio oficial fijado por la Resolución 63 del Ministerio de Finanzas y Precios.
La escasez responde a múltiples factores estructurales: apagones que interrumpen la producción, maquinaria obsoleta y una distribución deficiente de cigarros en todo el país.
La malversación desde los propios almacenes de distribución agrava directamente ese desabastecimiento.
Jiguaní es un municipio con tradición tabacalera en el oriente cubano, con una producción anual de aproximadamente 1,200 toneladas de tabaco, lo que hace aún más llamativo que los productos destinados al consumo popular fueran desviados desde adentro del sistema estatal.
El régimen cubano lanzó en julio de 2025 una campaña anticorrupción con juicios calificados de «ejemplarizantes» en empresas estatales, con condenas de hasta 20 años de prisión.
Este lunes, tres funcionarios de la Empresa de Conservas de Vegetales de Santiago de Cuba fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años por desviar más de cinco millones de pesos.
En febrero, cinco trabajadores de la Empresa Mayorista de Alimentos de Las Tunas recibieron condenas de entre 11 y 13 años por malversación que afectó a 50,000 familias.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.
