Vecinos del barrio Nuevo Vedado, en La Habana, protagonizaron este jueves por la noche un cacerolazo masivo a pocas cuadras del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en medio de un apagón que dejó el barrio completamente a oscuras.
El periodista Magdiel Jorge Castro difundió imágenes y videos de la protesta en sus redes sociales, mostrando edificios en silueta sin electricidad bajo un cielo nocturno.
"Espero que Díaz-Canel escuche atentamente el ruido de la protesta esta noche", escribió Castro al compartir las imágenes.
La protesta ocurrió en uno de los momentos más críticos de la crisis energética cubana: ese mismo día, la Unión Eléctrica proyectó un déficit de 1,842 MW para el horario pico nocturno, con una afectación que dejó sin electricidad al 62% del territorio nacional.
Solo en La Habana se acumularon 1,676 reportes de apagones con una duración media de 24 horas. Los municipios más golpeados fueron Playa, con 192 reportes, seguido de Regla con 182, Cerro con 181 y Centro Habana con 169.
La crisis eléctrica también agravó el acceso al agua potable en la capital. Más de 200,000 habaneros quedaron sin servicio regular, cerca del 11% de la población, según informó Abel Fernández Díaz, director de Acueducto de Aguas de La Habana.
Ese mismo jueves, el gobernante Miguel Díaz-Canel admitió públicamente que Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo, atribuyendo la crisis al cese del suministro desde Venezuela.
El cacerolazo de Nuevo Vedado no es un hecho aislado. El mismo barrio ya había protagonizado protestas similares el 13 y el 15 de marzo de 2026, y el 23 de marzo se registraron cacerolazos directamente frente al Comité Central del PCC en el Vedado.
La proximidad simbólica de estas manifestaciones a la sede del poder político cubano les otorga una carga especialmente significativa.
La ola de protestas comenzó el 6 de marzo de 2026 y se ha extendido por decenas de barrios habaneros —Vedado, Centro Habana, Alamar, El Cerro, La Güinera— y provincias como Ciego de Ávila.
La organización Cubalex documentó 156 protestas y 47 arrestos solo hasta el 17 de marzo, mientras que al menos 14 personas han sido detenidas específicamente por participar en cacerolazos desde el inicio de la ola de protestas.
La respuesta del régimen ha combinado la represión con la descalificación política. Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, calificó las protestas de "vandalismo" que no equivale a "inconformidad legítima".
El Ministerio del Interior las describió como una "provocación contrarrevolucionaria orquestada por mercenarios".
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.



