Las detenciones arbitrarias, la falta de un debido proceso, los tratos inhumanos al interior de las cárceles o las muertes en los centros penales son resultado del régimen de excepción y “podrían” constituir delitos de lesa humanidad, según un informe de Amnistía Internacional (AI) divulgado este miércoles.
El reporte “Seguridad sin derechos” es resultado de cuatro años de investigación, entre 2022 y 2025. Durante ese tiempo, AI realizó 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, especialistas e incluso exmiembros de la Policía Nacional Civil, revisó expedientes y fallos judiciales.
La investigación, dice Amnistía Internacional, dejó evidencia documentada de 470 muertes al interior de los centros penitenciarios de personas detenidas durante el régimen de excepción.
CNN consultó al gobierno de El Salvador para obtener comentarios acerca del estudio y aún espera respuesta.
El informe recoge una muestra de 82 casos en los que se refleja una repetición de los siguientes patrones: Detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y el desmantelamiento del debido proceso.
Para AI, la investigación arroja indicios de delitos de lesa humanidad porque han sido cometidos durante un periodo prolongado, han sido implementados de manera sistemática, dirigida a la población civil y han sido defendidos por actores del Estado.
“Es condicional cuando decimos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. No expresa una duda acerca de los hechos, los hechos están documentados, expresa un respeto por los tribunales y las instancias que deben juzgarlos. Amnistía Internacional no puede dictar una sentencia, lo que hacemos es documentar, preservar la evidencia, analizar a la luz del derecho internacional y exigir que las instituciones competentes actúen”, aseguró Ana Piquer, Directora de Amnistía Internacional, durante la presentación en línea del informe.
En la conferencia participó Noah Bullock, de la organización Cristosal e Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust. Bullock sostiene que en El Salvador la justicia dejó de funcionar ya que hay madres con cartas de libertad en sus manos, pero sus hijos siguen detenidos.
“La gente ha pasado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y Centros Penales y encontraron instituciones cooptadas que estaban más al servicio del Ejecutivo que a la ciudadanía que estaba buscando protección de derechos”, dice Noah Bullock, director de Cristosal, un destacado grupo de derechos humanos crítico del presidente de Nayib Bukele, que suspendió operaciones en El Salvador desde julio de 2025, alegando hostigamiento, represión y persecución por parte del gobierno hacia defensores de derechos humanos.
Por su parte, Jovtis destacó que diferentes organizaciones estén llegando a la misma conclusión. “Cada vez empieza a quedar más claro que no es una casualidad metodológica, sino que es un indicador y eso es importante porque empieza de a poco a enlazar el centro de la discusión”, agregó.
El Gobierno aún no se pronuncia sobre este informe. Sin embargo, Bukele en el pasado ha defendido su política de seguridad porque afirma que ha reducido los niveles de violencia. También ha criticado a los detractores de sus métodos al asegurar que resguardan los derechos de los delincuentes y no los de la población honrada. El presidente será recibido este martes por Donald Trump en la Casa Blanca.
El régimen de excepción está vigente desde marzo de 2022 y ha sido prorrogado por más de 50 ocasiones. Desde su vigencia hasta la fecha hay más de 92.000 personas detenidas, y se han decomisado 5.451 armas de fuego, 12.110 vehículos y 24.955 celulares.
Según AI, El Salvador tiene el 1,8 % de la población privada de libertad por lo que registra una de las tasas más altas de detenciones. El 3,3 % de los hombres está en prisión.
“Ésta cifra récord no es un indicador de éxito, esta cifra es una expresión del problema. Detrás de estos números hay madres que recorrieron cárceles por semanas sin saber dónde estaban sus hijos, personas detenidas sin conocer las razones por las que las detuvieron”, dijo Piquer.
“No se trata de excesos individuales, las violaciones fueron posibles porque de manera progresiva se cooptaron, debilitaron o eliminaron los mecanismos institucionales llamados a prevenirlas y corregirlas”, agregó.
Amnistía Internacional pidió al Estado de El Salvador presentar un plan claro para poner fin al régimen de excepción; restablecer las garantías del debido proceso; investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, así como garantizar información pública sobre las personas privadas de libertad.
