El Gobierno de Estados Unidos ha decidido excluir a Venezuela de la lista de países a los que acusa de no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico internacional. En un comunicado, el Departamento de Estado asegura que esa decisión, que marca un cambio rotundo con respecto a años anteriores, se debe al arresto y remoción de Venezuela del expresidente Nicolás Maduro en enero y a la muerte del líder de la banda delictiva Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero, en junio. Ambos sucesos ocurrieron luego de operativos militares liderados por Estados Unidos en el país. Supone también un premio para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo tutelaje estadounidense.
“Dados los pasos positivos emprendidos bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas”, se lee en el comunicado. La medida se anuncia en momentos en que la cooperación del régimen de Rodríguez se estrecha con la Administración de Trump a base de acuerdos petroleros.
Hasta su detención enero pasado, Washington consideraba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una supuesta organización de narcotráfico. En una acusación judicial de 2020, Estados Unidos decía que Maduro “ayudó a gestionar y, en última instancia, a liderar” el grupo “a medida que ascendía al poder en Venezuela”. Las referencias al cartel, del que no existen pruebas contundentes de su existencia, fueron retiradas en la acusación presentada contra Maduro tras su encarcelamiento en Nueva York.
Pese al cambio de posición, Venezuela sigue incluida —junto a Colombia, Bolivia, El Salvador, Ecuador, México y Guatemala, entre otros— en la lista de países que Estados Unidos considera de alto tránsito y producción de drogas.
En el caso de Colombia, la decisión del Departamento de Estado ha sido mantenerlo en el listado de países que no combaten el narcotráfico. Lo ha hecho con críticas al gobierno saliente, el de Gustavo Petro, pero con un claro espaldarazo a Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia hace 40 días: “Colombia está orientada a recuperar su lugar como nuestro principal aliado en seguridad en el hemisferio, y los militares, policías, fiscales y tribunales del país finalmente tienen un defensor digno en el presidente de la Espriella”, se lee en el mensaje enviado por el presidente Donald Trump al Congreso de Estados Unidos, una exigencia que cumple año a año.
De hecho, el texto señala la alta probabilidad de que la decisión se revierta en 2027. “El pueblo de Colombia tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña agresiva contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que llegaron a niveles récord bajo las políticas socialistas fracasadas de su antecesor”, se lee. “Si, como se espera, Colombia logra progresos en una erradicación agresiva de la coca y en desmantelar sus redes terroristas durante el año siguiente, considerará levantar el estatus de ‘demostradamente fallido’ sobre el país, que se mantiene solamente debido a la incompetencia y caos producidos por el Gobierno previo de extrema izquierda, que estuvo a cargo durante la mayoría del año pasado”.
Como en 2025, Trump dio a Colombia una medida de excepción o waiver al congelamiento de la cooperación en seguridad y a las sanciones económicas, que pueden ser consecuencia directa de la descertificación. Por ello, la Cámara de Comercio Colombo-Americana ha señalado que la descertificación “debe leerse, por tanto, en dos planos: el resultado técnico y jurídico se mantiene, pero el contexto político cambia sustancialmente”.
En el caso colombiano, la relación entre los dos Gobiernos había mejorado en los 12 meses transcurridos desde la descertificación, en septiembre de 2025. Petro visitó a Trump en la Casa Blanca, en un encuentro que los dos presentaron como positivo, y las relaciones policiales o judiciales, a nivel operativo, se mantuvieron sin grandes cambios. Tras una puja con la agencia de la ONU encargada de recoger los datos del área cultivada con coca en el mayor productor de cocaína del mundo, en junio pasado Petro reveló el informe que refleja que, a diciembre de 2024, el país tenía 261.000 hectáreas sembradas con esa planta, un récord histórico que a la vez refleja una desaceleración en el crecimiento, que venía disparado desde 2020. De la Espriella suele hablar de 300.000 hectáreas, sin revelar la fuente de esa cifra.
El actual presidente ha hecho de la lucha contra la criminalidad, de todo tipo, una de sus banderas, en parte como contraposición a la política de Petro de buscar acuerdos con los distintos grupos, como forma de lograr un cierre de los conflictos simultáneos que sufre Colombia. “Quien persista en el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado encontrará, de otra parte, toda la capacidad legítima de la fuerza del Estado”, dijo hace pocas semanas, al anunciar las líneas gruesas de su política de lucha contra la criminalidad.
