El presidente Donald Trump prometió restaurar su régimen arancelario tras los reveses en la Corte Suprema y otros desafíos legales. Y eso es lo que está haciendo, pero no de la manera fanfarrona e improvisada (con publicaciones nocturnas en MAYÚSCULAS) que una vez definió su política arancelaria.
El nuevo enfoque de Trump hacia los aranceles —silencioso, metódico y paciente— es deliberado. Las herramientas que ahora está usando para reconstruir su motor arancelario son mucho más precisas que las anteriores.
Pero si tiene éxito, sus más recientes aranceles podrían ser tan drásticos como los anteriores. Y más duraderos.
A última hora del martes por la noche, el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, publicó un informe de 98 páginas que detalla el resultado de una investigación de varios meses sobre las políticas de los socios comerciales respecto a la compra de bienes fabricados con trabajo forzoso.
El informe concluyó que 60 economías con las que Estados Unidos hace negocios no han logrado imponer o hacer cumplir de manera efectiva prohibiciones para importar a sus países artículos que fueron fabricados por personas que trabajaban contra su voluntad o por una remuneración insuficiente. Otros, dijo Greer, han tomado “pasos iniciales” para restringir el trabajo forzado, pero afirmó que cada socio comercial de Estados Unidos debe resolver el problema con mayor rapidez.
“El fracaso de nuestros socios comerciales más importantes a la hora de abordar la importación de bienes fabricados con trabajo forzado es inaceptable”, dijo Greer en un comunicado. “Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en un terreno de juego desigual”.
Como remedio, Greer propuso un arancel mínimo del 10 % generalizado para todos los socios comerciales que la administración investigó, citando la autoridad de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Varios bloques comerciales que anteriormente habían entablado negociaciones comerciales con Estados Unidos, incluidos Canadá, México, la Unión Europea, Ecuador, Indonesia y Pakistán, estarían sujetos al nuevo arancel del 10 %.
Muchos otros países enfrentarían un arancel más alto del 12,5 %, incluidos China, Brasil, Japón e India. Esos son los socios comerciales que USTR sostiene que ni siquiera han dado pasos iniciales para erradicar el trabajo forzado de sus economías en lo referente a bienes importados.
Los aranceles no entrarán en vigor de inmediato: han entrado en un período de comentarios públicos que se extenderá hasta el 6 de julio, y USTR celebrará audiencias sobre la propuesta el 7 de julio.
Trump ha señalado durante mucho tiempo que usaría métodos alternativos para imponer sus aranceles, incluso antes de que la Corte Suprema en febrero declarara que Trump no tenía autoridad para usar poderes de emergencia para imponer impuestos a las importaciones.
Inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema, Trump anunció un arancel universal del 10 % por 150 días en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Pero a principios de mayo, un panel de jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó que la administración carecía de justificación para promulgar aranceles.
Eso siempre estuvo destinado a ser una medida temporal. Y la administración ha señalado que podría usar la Sección 301 como una solución más permanente.
La Sección 301 permite a la USTR investigar a países que potencialmente estén violando acuerdos comerciales u otras prácticas que perjudiquen a las empresas estadounidenses. Trump utilizó la Sección 301 durante su primer mandato para aumentar los aranceles sobre varias importaciones chinas, junto con aeronaves y otros bienes de la Unión Europea.
Y, a diferencia de la Sección 122, no hay límite para el nivel o la duración de los aranceles derivados de investigaciones de la Sección 301.
La administración no ha terminado. La oficina de Greer también está investigando a más de una docena de países por exceso de capacidad manufacturera.
