Superintendente de Salud habla sobre la salud mental de los estudiantes universitarios

¿Por qué se suicidó la estudiante residente de cirugía de la Universidad Javeriana Catalina Gutiérrez Zuluaga? Con esta primera pregunta se abre el diálogo entre este cronista y el médico Luis Carlos Leal, actual superintendente nacional de Salud Pública, quien es reconocido por ser uno de los promotores de la Ley 1917 de 2018 para mejorar las condiciones de formación de especialistas en Medicina en Colombia.

Leal hizo parte de la Gran Junta Médica Nacional, y, a propósito de ello, está el caso del suicidio de la residente Catalina Gutiérrez, víctima, según denuncias recogidas por el propio presidente Petro, de la “presión y los malos tratos” de los que fue víctima.

“A todos los residentes gracias, de cada uno me llevo muchas enseñanzas. Siempre los llevaré en mi corazón. Ustedes sí pueden. Animo. CGZ”, escribió Catalina en una lúgubre y dolorosa nota de despedida de la vida.

¿Usted qué piensa, Dr. Leal, del suicidio de Catalina?

Triste y lamentable. Y ni siquiera es únicamente a nivel de las residencias. Hay múltiples episodios de violencia en el interior del sistema de formación y de trabajo de los funcionarios de la salud en general. Es frecuente encontrar ese tipo de historias de maltrato, de vulneración de derechos, de no reconocimiento de los mismos.

¿Qué quiere usted decir con esa afirmación?

Que es triste el estado del sistema de formación del talento humano en salud en general, porque no es únicamente de los médicos que están haciendo su residencia, sino en general del talento humano de todos los estudiantes de Medicina y trabajadores de la salud.

Le pido que haga usted una precisión sobre esa denuncia…

La educación en salud se ha estructurado bajo unos mecanismos piramidales donde hay vulneraciones de derechos constantes, donde hay maltrato frecuente, donde, además, los sistemas de salud tienen unas presiones adicionales que hacen que las y los trabajadores de la salud sean hoy por hoy no servidores, sino víctimas.

¿Se trata, dice usted, de altas cargas laborales?

Sí, pero además de tener cargas laborales altas, demandantes, que impiden un buen descanso, que impiden actividades de esparcimiento, que impiden la creación de redes de apoyo, que impiden muchas veces relaciones estables, pero que sí se somete a las y los estudiantes desde muy tempranas etapas de su formación a una especie de “trabajos forzados”.

¿Por ejemplo?

Cuando empiezan las rotaciones por muchos hospitales es el sometimiento a unas cargas de estrés importantes, porque además hay un maltrato psicológico. Hacer una especialización en nuestro país es sumamente costoso porque la mayoría de los cupos son en universidades privadas y, la última vez que indagué, hay algunas donde llegaban a los 22 millones de pesos semestrales, 44 millones de pesos anuales que toca buscar para personas que ya son profesionales y ya tienen una responsabilidad inclusive legal sobre cada una de sus acciones. Tienen unas cargas laborales altas, no reciben un reconocimiento económico adecuado por lo que hacen. Teniendo en cuenta que, además, estos residentes e internos muchas veces hacen la labor docente de la universidad, porque una vez comienzan la residencia están a cargo de los internos y de los estudiantes de pregrado, a los cuales, obviamente, les comparten el conocimiento, y un residente a medida que va pasando el año tiene residentes menores a los cuales les va compartiendo conocimiento, es decir, se hace labor docente, se hace labor asistencial, se busca un trabajo adicional. No hay una regulación real de lo que pueden llegar a ser esos costos de formación en el interior del sistema de salud. Entonces creo que hay unas cargas que están en completo desbalance y que hacen que hoy sea una problemática de salud mental importante y que hacen que, lamentablemente, ocurran hechos como el de Catalina. Muchas personas hoy están compartiendo las mismas experiencias que condujeron a su suicidio.

¿Usted enfrentó dificultades similares durante sus años de estudiante?

Muchos lloramos durante nuestras residencias, muchos quisimos abandonar en un proceso que además es bien luchado porque los cupos son pocos, los exámenes son exigentes. Mire: lo que debería ser una experiencia placentera, de enriquecimiento, de conocimiento, de desarrollo humano y digno, pues termina siendo una etapa muy violenta y obviamente eso perpetúa esas cadenas dentro del sistema. Y esos maltratos siguen existiendo.

Entonces, doctor Leal, lo que usted acaba de decir es una denuncia en el sentido de que el suicidio de Catalina no es consecuencia de un hecho personal aislado…

No. No es un hecho aislado. En general hay una serie de eventos multifactoriales y cada uno debe ser individualizado.

¿Y quién resultaría ser el culpable de semejante situación?

No hay una denuncia de una persona culpable, de una entidad culpable, de un sistema culpable. Cada evento tiene que ser individualizado. Cuando uno analiza, o lee nada más, la nota que ella deja, concluye que el sistema tiene que empezar a ser mucho más consciente de lo que está ocurriendo y que un sistema de salud no puede recrearse sin tener en cuenta nuestro estado de violencia. Hay una cadena de maltratos que tiene el propio sistema. Trabajadores de la salud que durante años no han tenido vacaciones porque su forma de vinculación laboral en este país se ha permitido de una manera irregular, violando todos los derechos laborales, porque cuando hay escasez de recursos en el sistema de salud siempre hay quienes terminan pagando los platos rotos, por así decirlo, pues son los trabajadores y las trabajadoras de la salud, y esa forma de contratación hace que ni siquiera su trabajo sea estable o tengan un ingreso estable, porque hay contratos que se hacen por días, por meses y que muchas veces y en muchos municipios y departamentos de nuestro país dependen del gobernante de turno. Porque se convirtió en una costumbre que los gobernantes locales, los mandatarios de los hospitales departamentales o municipales, una vez llegan, hacen, digamos, una serie de pagos de cuotas burocráticas con los hospitales, poniendo casi que una nómina cada cuatro años, y eso es una realidad muy injusta con las personas que han dedicado su vida a defender una institución, a defender la salud, a hacer presencia en los territorios y bajo condiciones completamente indignas. Entonces hay una serie de maltratos de distintas aristas y de distinta índole que hacen que definitivamente la salud mental de las y los trabajadores de la salud no tenga el sitio especial que debería tener, de calidad y calidez, dentro del sistema.

Entonces, doctor Leal, ¿fue desgraciadamente necesario que se presentara el suicidio de una niña residente de cirugía para que el país volviera sus ojos hacia esa situación que no ha sido atendida?

Sí. Infortunadamente, sí. Yo, en mi experiencia, también en mi formación, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que debieron alejarse de los programas durante algún tiempo para tomar un descanso en materia de salud mental. Son estudios muy exigentes.

¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el camino por seguir?

Yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiarse. El talento humano de salud en general está agotado y requiere políticas serias de formalización laboral que les permitan tener una calidad de vida mejor. Hay personas que llevan sin descansar años, que no han tenido vacaciones remuneradas en años, que están obligadas a tener dos o tres trabajos para poder, primero, pagar la deuda de su formación educativa y, segundo, que no tienen el tiempo o que no han tenido el espacio para hacer lo que se necesita en materia de salud mental. Eso es una carga importante que requiere atención. Hoy no existe. No existe una política laboral que permita que en el interior del sistema las personas tengan esa tranquilidad o puedan tener esos espacios. Hoy nadie piensa en el cuidado de quienes nos cuidan.

¿La forma como educamos en salud tiene que ser revaluada?

La situación tiene que ser examinada de fondo. Y claro, también la forma como formamos tiene que ser replanteada y revaluada. El Ministerio de Educación prepara la creación de una mesa transectorial que permita evaluar cuáles son las políticas internas de cada una de las universidades para poder detectar estas situaciones anómalas que existen. Pero además, abrir canales y permitir espacios de buena salud mental o de cuidado de la salud mental de las y los trabajadores de la salud, que hoy no existen, no están formalizados hoy y es algo en lo que hemos venido trabajando desde la Superintendencia. Hoy ni siquiera existe un canal de atención para trabajadores de la salud. No hay ni siquiera quien les escuche.

Lo que está quedando al descubierto con esta situación del suicidio de la niña Catalina es que no se trata simplemente de un problema limitado a los derechos de residentes de salud, sino a los derechos de todos los trabajadores de la salud y de todo el sistema de educación en salud…

Estoy de acuerdo completamente. Creo que es algo estructural. Creo que hay muchas soluciones que se plantean en la reforma de la salud.

¿Usted diría que la situación de la salud en Colombia es de crisis?

Sí, estamos en crisis. Claro. No es una crisis nueva. Es crisis permanente que se ha venido creando desde hace mucho tiempo. Tiene que ver mucho, claro, con el flujo de los recursos al interior del sistema y con que muchas personas hayan pensado en lo individual y no en lo colectivo, en hacer negocio con la salud y en privilegiar ciertas destinaciones de los recursos para amasar riquezas y no para pensar realmente en el bienestar colectivo; ven la salud como un mercado. Tiene que buscarse la transformación en el sistema para que realmente ponga su atención en el derecho fundamental a la salud y no en el negocio de los recursos de la salud.

¿A qué se refiere?

Me refiero a lo que han hecho muchas personas con los recursos de la salud y muchas entidades. Lo que pasó con Saludcoop, lo que descubrimos cuando se hizo la intervención de Sanitas, que tenía algunos contratos que no generaban ningún tipo de beneficio para la salud. La salud es un derecho, los recursos son públicos, las entidades que intermedian la salud no deberían privilegiar otras entidades para recibir los recursos. El caso, tal vez más emblemático, es el de SOS, donde una caja de compensación familiar, Comfandi, en un 90 por ciento es dueña de la EPS SOS. Toda la atención primaria está contratada con las mismas IPS de Comfandi, con tarifas por encima del mercado y con tasas de cumplimiento muy bajas. Es decir, ‘le pago yo a usted por encima de lo que el mercado ofrece y usted tranquilo, no haga nada. No se preocupe por la atención primaria de sus pacientes. No se preocupe por hacer consultas. No se preocupe por eso, yo le voy a seguir pagando, independientemente de lo que usted haga o no’. Así no hay sistema que aguante porque los recursos de la salud muchas veces se están gastando, pero no se está verificando en qué se están gastando. El tema es que quien define para dónde van los recursos siguen siendo las EPS. ¿Quién sigue ejerciendo la rectoría del sistema de salud? Son las EPS y hasta que no transformemos eso mediante una eliminación de la intermediación financiera, pues no vamos a tener realmente un uso democrático de los recursos.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO