Durante su gestión interina al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el coronel Randolfo Rijo Gómez —actual director del sistema 9‑1‑1— firmó una tercera adenda al contrato con la empresa Dekolor SRL, extendiendo su vigencia hasta enero de 2025 y reconociendo una deuda superior a los RD$936 millones, según revela una auditoría forense de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con dicho informe, la adenda habría sido firmada sin la aprobación del Consejo Directivo del INTRANT, y ratifica modificaciones anteriores (de 2021 y 2023), incluyendo por primera vez el reconocimiento anticipado de una deuda basada en proyecciones financieras futuras, y no en servicios prestados.
Además, la auditoría señala que, entre 2020 y 2024, el Estado habría dejado de percibir más de RD$730 millones a través del sistema Pago RD Xchange, empresa responsable de recaudar los pagos del sistema de licencias, y que supuestamente habría retenido entre el 90 % y el 95 % de los fondos, sin transferirlos al INTRANT.
Estos hallazgos han generado inquietud, ya que ninguna de las tres adendas habría sido sometida a licitación pública ni validación del Consejo Directivo, lo que, según el informe, podría evidenciar debilidad institucional y falta de controles en la gestión del contrato.
Otra de las advertencias que recoge la auditoría es que Dekolor SRL mantiene control total sobre el software, la base de datos y la infraestructura del sistema de licencias, lo que representa una posible amenaza para la soberanía tecnológica del Estado y riesgos para la transparencia institucional.
🔍 Puntos Clave
Responsabilidad fiscal: Se reconoce una deuda de RD$936 millones sin respaldo claro en servicios ejecutados.
Falta de controles: Las adendas no habrían seguido procesos competitivos ni validaciones oficiales.
Dependencia tecnológica: La empresa contratista mantiene dominio total sobre el sistema de licencias.
🗣️ ¿Por qué esto importa?
Porque se trata de un servicio sensible para la ciudadanía, y cualquier presunta irregularidad en su administración debe ser esclarecida. La gestión de recursos públicos, especialmente en contratos que involucran datos, tecnología y servicios ciudadanos, debe regirse por principios de transparencia, competencia y rendición de cuentas.
