Luego de que se revelara que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) había asignado 10.9 millones de dólares a la organización dominicana Participación Ciudadana, la entidad cívica no partidista se encuentra en el ojo del huracán.
Y es que las redes se han volcado en críticas hacia esa institución por ser señalada como un «trampolín» hacia el tren gubernamental.Dos de los más representativos miembros de Participación Ciudadana son el actual canciller dominicano Roberto Álvarez, quien fue su coordinador general en 2013; y Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, quien fue vocero principal de la entidad antes de su nombramiento en el Gobierno de Luis Abinader.
Además, fungieron como coordinadores generales Santiago Sosa Castillo, en 2010, quien fue juez titular del Tribunal Superior Electoral (TSE); así como Sonia Díaz Inoa, en 2014 y 2020, ahora actual jueza titular del Tribunal Constitucional.
