San Salvador (AFP). El médico y sindicalista Rafael Aguirre inscribió hoy martes su candidatura para competir en las elecciones de febrero próximo, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato.
Con una aprobación del 80% gracias a su guerra popular contra las pandillas, Bukele es el favorito para continuar al mando del país por seis años más, tras una cuestionada reforma constitucional que instauró la reelección indefinida.
«Vamos a ser la representación de los que están siendo oprimidos», dijo Aguirre, de 46 años, tras registrarse ante el tribunal electoral como candidato del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, antigua guerrilla).
Aguirre, quien lidera el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, señaló que su candidatura es una «representación» de movimientos sociales, durante un acto al que lo acompañaron veteranos de la guerra civil (1981-1992).
«Sí se puede», corearon los asistentes entre música de batucada y banderas rojas del partido.
Aguirre ha respaldado el régimen de excepción, vigente desde 2022 y que sustenta la lucha contra las pandillas, en medio de la cual Bukele ha concentrado prácticamente todos los poderes del Estado.
Esa medida permite detenciones sin orden judicial y ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y más de 500 muertes bajo custodia estatal.
El FMLN, que gobernó El Salvador entre 2009 y 2019, sufrió una contundente derrota en las elecciones del 2024, cuando su candidato presidencial, Manuel Flores, obtuvo poco más del 6% de los votos frente al 84% de Bukele. No tiene representación legislativa.
Las elecciones presidenciales se realizarán el 28 de febrero del 2027.
Bukele llegó al poder en 2019 y rompió tres décadas de alternancia entre el FMLN y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Antes había militado en el partido de izquierda, del que fue expulsado en 2017.
El FMLN gobernó con Mauricio Funes (fallecido en 2025) y Salvador Sánchez Cerén. Ambos terminaron exiliados en Nicaragua en medio de procesos de corrupción.
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