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13 de noviembre de 2026
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Bukele afirma que las fuerzas militares salvadoreñas destruyeron el cuartel general de una poderosa banda criminal haitiana

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Nayib Bukele asegura haberse anotado un importante logro en su cruzada militar en Haití. El presidente salvadoreño ha afirmado en sus redes sociales que sus militares desplegados en el país caribeño azotado por la violencia destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, una de las bandas criminales más grandes, poderosas y temidas de la isla. El anuncio se da en medio de un aumento de críticas por esta incursión militar que opera en paralelo a las Fuerzas de Represión de las Bandas (GSF, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas y el mismo día que Amnistía Internacional ha hecho un llamado al mandatario a que “respete el derecho internacional y los derechos humanos”.

Como suele suceder con todo lo que el mandatario considera su épica personal, el anuncio de la caída del cuartel de la pandilla lo hizo en X, su red social preferida, con un tono belicoso y en creole: “Hemos cumplido nuestra promesa…Hemos destruido la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la banda de los 400 Mawozo. La mayoría huyó sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes!" Bukele ha ordenado el despliegue de más de 2.000 soldados en Haití con la promesa de liberar al país de las bandas criminales y tras el secuestro de cuatro técnicos de aviación salvadoreños por estas agrupaciones, que desaparecieron durante una emboscada a un vehículo de las GSF ocurrido en las afueras de Puerto Príncipe y hasta ahora no hay noticias de su paradero.

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Bukele anuncia la destrucción de la casa de un líder criminal en Haití

Imágenes del operativo de El Salvador en Haití.Vídeo: @nayibbukele

La ONU se ha distanciado del despliegue de los salvadoreños. Stéphane Dujarric, portavoz de la oficina del secretario general, aclaró a través de un comunicado que solo 200 uniformados salvadoreños cuentan con su aval y les rinden cuentas, y pidió que cualquier tipo de operación de seguridad “debe llevarse a cabo en plena conformidad con el derecho internacional aplicable”. “Ellos son su propia fuerza. Nadie sabe qué van a hacer ni cómo esto va a afectar a la fuerza de Fuerza de Represión de las Pandillas. Mucha gente está preocupada con la posibilidad de que haya mucha más violencia y violaciones de derechos humanos y a las leyes”, ha dicho a EL PAÍS una fuente involucrada en las operaciones de seguridad en Haití, que ha preferido no revelar su identidad por lo delicado del contexto, informa Maye Primera.

El anuncio de Bukele se da mientras Estados Unidos, país al que considera su principal aliado, se desvincula de su cruzada militar. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó la posibilidad inmediata de un despliegue militar para apoyar al líder salvadoreño. “No estamos involucrados en eso”, dijo Rubio, quien advirtió de los riesgos de una incursión no coordinada con el despliegue hecho por Naciones Unidas. “Lo que no puedes tener es a la Fuerza de Supresión de Pandillas encontrándose con soldados salvadoreños y disparándose entre ellos porque creen que el otro bando son pandilleros”, alertó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El medio estadounidense Axios informó de que el Gobierno salvadoreño ha arremetido contra el Departamento de Estado porque varios funcionarios “han planteado, de manera discreta, objeciones a las iniciativas de El Salvador para combatir a las pandillas en Haití, a pesar de que el presidente Trump ha ofrecido su pleno respaldo, según indican notas diplomáticas y fuentes bien informadas”. Este medio afirma que El Salvador emitió una crítica formal en la que cuestionó la “credibilidad” del principal diplomático estadounidense en Haití, lo que “pone de manifiesto la tensión entre los objetivos de política exterior de Trump y el cuerpo diplomático de carrera del Departamento de Estado”.

Organizaciones de derechos humanos también han criticado la falta de transparencia sobre el envío de militares salvadoreño al país caribeño. Amnistía Internacional emitió este martes un comunicado en el que exige tanto al Gobierno haitiano como al presidente Bukele que “respeten el derecho internacional de los derechos humanos”. Ana Piquer, directora para las Américas del organismo, declaró: “El compromiso del primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas. Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias”. Bukele, como suele suceder, con sus controvertidas iniciativas, guarda silencio frente a las exigencias de transparencia e información.

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