El colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado mes de mayo y que dejó un saldo trágico de 236 fallecidos, ha dado paso a un proceso judicial cuya complejidad técnica representa un auténtico reto para los jueces que conocerán el caso. Más allá de la magnitud humana del desastre, el proceso penal pone en evidencia un dilema que rara vez enfrentan los tribunales ordinarios: decidir sobre responsabilidades penales en un contexto de fallas estructurales de alta especialización técnica.
La acusación presentada por el Ministerio Público contra los propietarios del centro nocturno, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras, descansa sobre el argumento de que ambos incurrieron en homicidio involuntario al no atender las advertencias sobre el deterioro del techo de la edificación. Los fiscales sostienen que los propietarios fueron informados en múltiples ocasiones por empleados, encargados de mantenimiento y contratistas de impermeabilización acerca de filtraciones, goteras, desprendimientos de pintura y otros signos de deterioro, sin que tomaran medidas suficientes para corregir la situación.
Sin embargo, sobre este eje narrativo pesa un elemento que desborda la lógica jurídica tradicional: el análisis técnico especializado realizado tras el colapso.
