El Salvador y otras cuatro fuerzas nacionales y extranjeras enfrentan a las bandas armadas en Haití

La recuperación del estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe marcó un punto de inflexión en la crisis de seguridad que atraviesa Haití. En esta operación conjunta participaron efectivos de la Policía Nacional de Haití (PNH), un grupo armado bajo control gubernamental y tropas salvadoreñas, evidenciando el despliegue de cinco fuerzas distintas que, no siempre de manera coordinada, intentan arrebatar el control territorial a las pandillas que mantienen en vilo a la nación caribeña.

La participación de El Salvador se ha convertido en uno de los ejes centrales de la ofensiva en la capital haitiana. El octubre el presidente Nayib Bukele, ordenó el envío de más de 2,000 soldados a Puerto Príncipe con el objetivo inicial de apoyar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Estos uniformados permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre tras caer en una emboscada perpetrada por grupos criminales en la zona de Santo, dentro del distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

Desde su llegada, el contingente salvadoreño ha ejecutado incursiones de alto impacto. Días antes de la toma del estadio Sylvio Cator, las tropas lanzaron su primera gran ofensiva en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de la capital, con la misión de desmantelar a las bandas Chen Mechan y 400 Mawozo, señaladas directamente como responsables de la desaparición de los cuatro soldados.

Asimismo, el 10 de noviembre, el mandatario salvadoreño anunció a través de la red social X la destrucción de la vivienda de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, cabecilla de 400 Mawozo y centro de operaciones de dicha estructura. La publicación fue acompañada por un video que mostraba el supuesto ataque aéreo ejecutado desde un helicóptero.

Esta intervención directa ha generado una notable reacción entre la población local: numerosos ciudadanos haitianos, hartos de la violencia extrema, han expresado públicamente su respaldo a las acciones de Bukele y a la presencia de los militares salvadoreños, viendo en su modelo de seguridad una esperanza tangible frente al colapso institucional.

Además de los soldados enviados por Bukele, el combate contra las pandillas recae sobre otras cuatro fuerzas con capacidades y mandatos diversos:

Con este escenario en desarrollo, el futuro de la seguridad en Haití depende de la capacidad de estas cinco fuerzas para articular una estrategia unificada y sostenida en el tiempo. Enfatizar que desde hace varios años, con una escalada crítica tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la posterior parálisis política, las bandas armadas han mantenido en constante zozobra a los ciudadanos haitianos, provocando:

1. Desplazamientos masivos
2. Bloqueos de suministros básicos
3. El control casi total de Puerto Príncipe, así como de zonas al este, al sur y en el departamento de Artibonito, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).

El panorama criminal está dominado por dos grandes actores, ambos designados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en mayo de 2025:

• Viv Ansanm: Creada en 2024 por Jimmy Chérizier, alias Barbecue, esta coalición unificó a nueve grupos de la alianza G9 y a sus antiguos rivales del G-Pep. Según International Crisis Group, cuenta con un poderío militar superior al de cualquier otra banda, sumando entre 12,000 y 20,000 integrantes, de los cuales unos 3,000 están fuertemente armados.
• Gran Grif: Es la principal estructura delictiva en Artibonito, al norte de la capital. Datos de la ONU le atribuyen el 80% de las muertes de civiles ocurridas en esa demarcación entre 2022 y julio de 2025.

Mientras el contingente salvadoreño continúa sus operativos de búsqueda y choque directo en los bastiones criminales, el reto para las autoridades haitianas y la comunidad internacional será transformar estos avances tácticos en una recuperación institucional duradera que permita devolver la paz y la gobernabilidad a una población que lleva años exigiendo el fin del dominio de las pandillas.