El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó ayer la ley HB 905 en el recién inaugurado Museo y Biblioteca de la Bahía de Cochinos, en el corazón de La Pequeña Habana de Miami, y lanzó una de sus declaraciones más contundentes contra el régimen de La Habana.
Antes de firmar el proyecto de ley, DeSantis se tomó un momento para referirse a Cuba, señalando que Florida necesita un "buen vecino" a 90 millas de sus costas.
"Es hora de que la dictadura comunista cubana sea enviada al basurero de la historia de una vez por todas", declaró el gobernador.
"Si Cuba fuera libre, sería un país increíblemente próspero", añadió DeSantis.
El acto estuvo cargado de simbolismo político: al escenario asistieron veteranos de la Brigada 2506, protagonistas del intento de invasión de abril de 1961, a quienes DeSantis aseguró que estuvieron «del lado correcto de la historia».
Una ley contra la injerencia extranjera
La legislación, denominada oficialmente Ley de Restricción y Aplicación de Medidas contra la Interferencia Extranjera (FIRE, por sus siglas en inglés), amplía y endurece las restricciones estatales de Florida contra los llamados «países de preocupación», una lista que incluye a Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria.
Entre sus disposiciones más destacadas, la ley prohíbe a las agencias estatales firmar contratos con los gobiernos de esos países, impide a funcionarios públicos aceptar regalos o beneficios de esos regímenes, y autoriza a gobiernos locales y recaudadores de impuestos a revocar licencias comerciales a empresas que operen en Cuba violando leyes federales o estatales.
La norma también prohíbe que fondos de vales escolares se destinen a escuelas afiliadas a organizaciones terroristas, y establece restricciones a acuerdos de adopción y gestación subrogada cuando alguna de las partes sea ciudadana o residente de un país incluido en la lista.
«No se puede hacer negocios con criminales», apuntó DeSantis durante el acto, según recogió Martí Noticias.
La patrocinadora del proyecto, la representante Jenna Persons-Mulicka, republicana de Fort Myers, defendió la legislación con firmeza: «Debemos mantenernos vigilantes y seguir asegurándonos de proteger a nuestro gran estado de Florida de los ataques de nuestros enemigos extranjeros.
La Ley FIRE les envía el mensaje de que estamos atentos y de que deben pensárselo dos veces antes de poner la mira en nuestro gran estado».
Una cláusula para la Cuba libre
Uno de los elementos más novedosos de la ley es la sección titulada «Apoyo a una Cuba Libre e Independiente», que incluye una cláusula sin precedentes: si el gobierno federal modifica el estatus diplomático de Cuba, el gobernador queda autorizado a emitir una orden ejecutiva temporal que suspenda ciertas restricciones estatales y facilite interacciones comerciales con una Cuba post-régimen.
Esta suspensión provisional no podrá renovarse sin la aprobación expresa de la Legislatura estatal, según precisó Martí Noticias al detallar el contenido del proyecto.
DeSantis fue explícito sobre el alcance de su visión: «Lo que se necesita es el fin del régimen, no solo reordenar las sillas en el Titanic». Y añadió: «Si Cuba fuera libre, sería un país increíblemente próspero».
Presión coordinada desde Washington y Tallahassee
La firma de la ley se produce en una semana de intensa presión sobre La Habana. El 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplía sanciones contra el régimen cubano y declara una emergencia nacional por las políticas de Cuba, calificadas como «amenaza inusual y extraordinaria» para Estados Unidos.
El 7 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones específicas contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera, y la empresa estatal minera Moa Nickel S.A.
Las empresas extranjeras tienen plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar operaciones con entidades cubanas sancionadas, en el marco de una estrategia de máxima presión coordinada entre la administración Trump y el gobierno de Florida.
La ley HB 905 entrará en vigor el 1 de julio de 2026. Con ella, Florida consolida su papel como bastión anticomunista y, según sus propios legisladores, se convierte en el estado más preparado para responder rápidamente a un eventual cambio de régimen en La Habana.
