Zapatero admite pagos a sus hijas y a él del entorno venezolano pero los desvincula de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno negó haber desplegado sus contactos para favorecer el rescate de la aerolínea con capital venezolano Plus Ultra en marzo de 2021 por parte del Gobierno de Pedro Sánchez —que es la principal acusación contra él— a cambio de una presunta comisión de hasta dos millones de euros, según los indicios vistos por el magistrado José Luis Calama. También descartó que contactase con funcionarios para que se realizaran labores a tal efecto.

Estaba citado por el titular del Juzgado Central 2 a las 9.00 horas y llegó diez minutos antes en un coche que le dejó frente a la puerta por la que los jueces, fiscales y funcionarios acceden a la Audiencia Nacional. Saludó a las decenas de medios que esperaban su llegada.

Una vez dentro, contestó únicamente a las preguntas de su abogado y del magistrado instructor, no a las de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente ni a las acusaciones populares representadas por el abogado del Partido Popular, Alberto Durán.

El juez extendió su interrogatorio, exhaustivo e incisivo aunque calmado y educado, según trasladaron las fuentes jurídicas presentes a ABC, durante más de dos horas, con alto conocimiento de los indicios presuntamente delictivos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han encontrado contra el expresidente y han expuesto en informes que ya figuran en la causa. El interrogatorio de su defensa, ejercida por el procesalista Víctor Moreno Catena, se extendió poco más de diez minutos.

Sobre el contenido de su declaración, las fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio trasladaron que negó haber incurrido en ilegalidad alguna y reconoció haber recibido pagos de la compañía Análisis Relevante, propiedad del asesor de Plus Ultra Julio Martínez Martínez (quien mantenía el contacto con la mayoría de inversores venezolanos de la compañía y viajaba habitualmente a Caracas) aunque los atribuyó a «encargos profesionales» sin ninguna relación con la compañía aérea. Sólo desde esta compañía del alicantino, también amigo personal del expresidente, Zapatero recibió 490.780 euros.

El juez preguntó por qué no hay constancia documental de esos encargos de Martínez y el expresidente se escudó en que esa era su forma de trabajar, así como que en caso de que hubiera resto documental de sus trabajos todo lo gestionaba su secretaria, Gertrudis Alcázar.

El expresidente aseguró, según las fuentes presentes, que nunca ha tenido contacto directo con accionistas o responsables de Plus Ultra y reconoció haber conocido al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en 2024. Los mensajes incautados a Julio Martínez recogen conversaciones en las que la presunta trama de tráfico de influencias en cuya cúspide el instructor sitúa a Zapatero hablaban de él como «nuestro 'pana’» o afirmaban «’Zapa' es nuestro contacto».

Eso llevó al magistrado a considerar, en el auto de imputación del 19 de mayo, que el expresidente pudo tener «capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas». El principal inversor de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes, llegó a preguntar al presidente de la aerolínea, Martínez Sola, si podrían «pedir ayuda a Zapatero».

Por su parte, sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa también recibieron pagos a la compañía Whathefav, propiedad de ambas, de más de medio millón de euros de parte de Inteligencia Prospectiva, sociedad de los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. El expresidente también reconoció los pagos a sus hijas, aunque los encuadró igualmente en la legalidad, en el pago por trabajos reales de marketing que ellas gestionaban al margen de su padre, con sus clientes propios.

El juez ve indicios de que la compañía de los hermanos Amaro Chacón desde la que hicieron ingresos a las hermanas Rodríguez es una «sociedad carente de actividad real orientada a introducir fondos en España procedentes del extranjero y a canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero». 

Díez días para declarar por las joyas

Uno de los asuntos sobre los que se esperaba que el expresidente diera una explicación, incluso en el PSOE, era de dónde sacó el botín de joyas halladas en su despacho profesional de la madrileña calle Ferraz, muy próximo a la sede central del partido del Gobierno. La Audiencia Nacional ya ha valorado el listado en el que figuran collares y pulseras de diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes, así como relojes de alta gama, en 1,3 millones de euros.

A pesar de que el magistrado instructor rechazó aplazar la declaración del político socialista para que explique el origen de las joyas por cuya tenencia se le imputan los delitos fiscal y de contrabando, el expresidente rehusó contestar a las preguntas sobre este asunto. Su defensa trasladó que en diez días podría pedir una nueva comparecencia para justificar la pertenencia.

Primera declaración

La declaración de Zapatero es la primera de un investigado del caso Plus Ultra ante el juez Calama, quien le sitúa en la cúspide de la presunta trama delictiva y ha querido escucharle, por tanto, en primer lugar.

La acusación popular ha solicitado al magistrado que cite a declarar como investigadas a las hijas del expresidente. También a José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que formaba parte del equipo que dio el visto bueno al rescate a la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), así como al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García. A estos dos últimos porque, según el sumario de la causa, los directivos de Plus Ultra también habrían intentado conseguir el rescate por medio de la «vía Ábalos», contactando con su mano derecha en Transportes, Koldo García, junto con quien se sentó en el banquillo del caso Mascarillas del Tribunal Supremo también por delitos de corrupción y ahora esperan la sentencia inminente por la que se enfrentan hasta a 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente.