El Banco Central de Cuba (BCC) publicó este lunes una declaración de principios en su web oficial en la que expresa su «más enérgico rechazo a cualquier actitud oportunista, inescrupulosa o ilícita que pretenda lucrar a costa de las necesidades ajenas y afectar la imagen, la ética y la prestación de los servicios bancarios».
El documento, firmado por Juana Lilia Delgado Portal, presidenta del organismo, tiene carácter de memorándum de cumplimiento obligatorio para todas las estructuras del sistema bancario cubano.
Lo que más llama la atención del texto es lo que no dice: la declaración no hace referencia a ningún caso concreto, ninguna persona, ninguna institución ni ningún hecho específico que la motive.
No obstante, el comunicado llega apenas cuatro días después de que trabajadores de las sucursales del Banco Popular de Ahorro (BPA) y el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) fueran detenidos en Santiago de Cuba por participar en un esquema ilegal de cambio de efectivo por transferencias electrónicas, negocio a través del cual cobraban comisiones que fluctuaban entre el 30 % y el 50 %.
Los empleados actuaban «por mutuo acuerdo» con trabajadores por cuenta propia, usando tarjetas y documentos de identidad de clientes.
Las autoridades ocuparon efectivo, máquinas contadoras de billetes, tarjetas magnéticas y libretas con registros de transacciones.
Sin embargo, en su declaración, el BCC no menciona ese operativo ni ningún otro.
Tampoco vincula la declaración a las 20 modificaciones al sistema bancario anunciadas el lunes, que incluyen cambios relacionados con la participación de capital privado y extranjero, nuevos créditos al consumo y la digitalización de servicios.
Tolerancia cero, sin nombres ni expedientes
El texto instruye a todas las estructuras bancarias a investigar «con profundidad y sin demoras» cualquier denuncia, depurar responsabilidades administrativas, laborales y penales, fortalecer auditorías, proteger a los denunciantes y «reafirmar la ética bancaria y la cultura de denuncia en todas las dependencias».
«Exigimos tolerancia cero ante actitudes como estas. No habrá espacio para la complicidad, el encubrimiento ni la impunidad», afirma el documento.
El comunicado también defiende la imagen del sector: «Estas conductas no caracterizan a los bancarios cubanos. Nuestro sector se distingue por la honradez, la disciplina, el servicio público, la transparencia y el apego a la legalidad».
«Quienes traicionan estos principios no representan al gremio bancario y deben responder con todo el rigor que establecen las leyes», añade.
El comunicado cierra con un llamado a la población y atribuye las dificultades del sector a «la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo», sin mencionar la corrupción interna como causa estructural.
La instrucción final es directa: «Que este memorándum se difunda y se cumpla con carácter obligatorio».
Un sistema en crisis estructural
La declaración se produce en un contexto de irregularidades documentadas a lo largo de 2026.
En abril, el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba condenó a tres personas a penas de entre 10 y 15 años de prisión por malversación de fondos estatales y falsificación de documentos bancarios, en un caso que involucró transferencias fraudulentas por más de cinco millones de pesos.
El mercado paralelo de conversión de transferencias en efectivo se ha extendido en distintas zonas del país.
Denuncias ciudadanas documentadas en julio señalaban que para retirar 2,000 pesos era necesario transferir 2,800, una comisión del 40 %.
A eso se suma el auge del fraude digital: la modalidad conocida como «tarjeteo» y las estafas por suplantación de identidad bancaria han proliferado en medio de las vulnerabilidades y dificultades del sistema de pagos digitales.
